Repensar la política forestal

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A continuación, reproducimos un artículo escrito por dos miembros de la Asociación para la Transición Energética y publicado en el diario online La Provincia el día 24 de agosto de 2019. El artículo original se puede consultar en este enlace.

En Gran Canaria han ardido más de 10.000 hectáreas, de ellas 8.700 en espacios protegidos. Considerando que la isla tiene 1.500 kilómetros cuadrados, se ha quemado casi el 7%. Las cifras ya hablan por sí solas sobre la dimensión del incendio.

Este incendio, el más importante en el conjunto de España desde 2012, debe reabrir el debate sobre los medios y recursos con los que cuenta la sociedad en general y las instituciones públicas en particular para proteger el medio natural y evitar catástrofes ecológicas como las que se están viviendo en diversos puntos de la geografía española. Sin embargo, siendo este punto relevante, entendemos que no se está poniendo el foco en la cuestión de fondo, cual es la calidad del medio natural.

Las circunstancias actuales ponen sobre el tapete la necesidad de repensar la política medioambiental y, en particular, la política forestal. La tendencia tanto en los organismos internacionales como en las políticas públicas es entender la política medioambiental sólo como conservación y extensión de la flora y fauna, excluyendo de la ecuación el factor económico. Se quiere una dicotomía entre medioambiente y economía, cuando, sin embargo, son las dos caras de la misma moneda.

La declaración de ‘parque natural’ o de zonas de especial protección medioambiental ha sido un refugio ideal para gobernantes de todos los colores para ‘vender’ ante la ciudadanía los esfuerzos en materia de promoción y apoyo del medioambiente y justificar con ello el presupuesto que anualmente se destina a tal fin. Pero muy pocas veces se ha analizado su eficiencia y su eficacia, pues la declaración de algún tipo de protección especial sin hacer una correcta gestión del bosque no garantiza la reducción del riesgo de incendios.

La Estrategia para la Transición Justa presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa en un lugar destacado al sector forestal como «sumidero natural» de carbono, proponiendo medidas que estimulen actividades económicas relacionadas con el monte y contra el abandono que «genera estructuras de masa forestal más susceptibles al avance de enfermedades, plagas, incendios forestales y procesos de decaimiento forestal», tal como señala explícitamente el documento.

Sin embargo, el problema no es la falta de bosques en España, dado que es la tercera superficie forestal más grande de Europa sólo por detrás de Suecia y Finlandia (el 54,8% del territorio es forestal), sino la falta de gestión de los montes y la inexistencia de un mercado potente y atractivo que convierta el aprovechamiento forestal en una actividad económica rentable y complementaria a otras más cercanas en el ámbito agrícola o ganadero. Con los últimos datos disponibles correspondientes a 2016, el sector forestal ha entrado en barrena en la última década debido a la combinación de una continua deflación en los precios internacionales de la madera, una fuerte caída de un 22% del consumo mientras las extracciones apenas han crecido un 1% en 10 años, las exportaciones se han duplicado y las importaciones se han desplomado un 77%.

Una correcta gestión del bosque con rentabilidad económica sería una palanca extraordinaria para el desarrollo de nuestro país de la bioeconomía y, a la par, como acicate para la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero. Un bosque bien gestionado es un «sumidero natural» de carbono, lo cual ayudaría enormemente a mitigar las emisiones netas que todos los sistemas eléctricos, y especialmente los no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), realizan a la atmósfera como consecuencia de la quema de combustibles fósiles –sobre todo carbón y fuelóleo– para producir electricidad.

Pero no solo esto. Un giro de la política medioambiental de la mano de la política energética ha de introducir incentivos para un desarrollo de la biomasa como alternativa a los combustibles fósiles y, de paso, rebajar la factura energética que soportan tanto los contribuyentes como los consumidores de energía eléctrica a nivel nacional por el mantenimiento de los sistemas no peninsulares, volviendo a la situación anterior al Real Decreto-Ley 1/2012 que suprimió los incentivos a las instalaciones de cogeneración. Por último, también para hacer compatible la instalación de nuevos megavatios de renovables con la protección de costas, bosques y otros elementos de alto valor ecológico, allá donde la eólica o la fotovoltaica no se pueden instalar.

Las crisis son oportunidades. La magnitud del incendio de Gran Canaria debe servir de acicate para una reflexión serena y el establecimiento de políticas a largo plazo, las únicas realmente efectivas. El sector forestal lleva mucho tiempo dejado de la mano de Dios; es el momento para que las manos sean nuestras.

Óscar Bermejo y Javier Santacruz. Asociación para la Transición Energética