A continuación, reproducimos un artículo escrito por dos miembros de la Asociación para la Transición Energética y publicado en el diario online laprovincia.es el día 12 de junio de 2020. El artículo original se puede consultar en este enlace.
La Comisión Europea acaba de concluir que la subvención anual que se concede para que el recibo de la luz de los consumidores del Archipiélago esté en línea con el de la Península es un servicio económico de interés general, luego es una ayuda compatible con el Derecho comunitario. Todo ello en aras de dar cumplimiento al principio básico del sistema energético que es la garantía del suministro.
El mecanismo de compensación parte de que la generación de energía en los sistemas no peninsulares, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, es más cara que en Península, por lo que se subvenciona. La subvención se paga al 50% entre la caja del sistema eléctrico nacional (los ingresos y los gastos donde se generó hace años el déficit de tarifa) y el otro 50% viene de los Presupuestos Generales del Estado. La partida de sobrecostes de generación ha alcanzado la nada desdeñable cifra de 1.379 millones de euros (según la última liquidación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al cierre de 2019), de los cuales 843 millones corresponden a Canarias. Pero incluso en los tres primeros meses de este año 2020 ya asciende a 361,83 millones de euros (222 millones corresponden a Canarias), lo cual supone un 16,3% más que en el mismo período del año anterior.
Este crecimiento anual debe mover a la sorpresa a cualquier analista si se supone que se está extendiendo la generación renovable y se compara la des-carbonización que se está produciendo en el sector energético peninsular frente al de las Islas.
A priori, recibir una mayor cantidad de dinero anual podría ser una buena noticia para el ciudadano canario. Sin embargo, no es más que una transferencia que el cuasi-monopolio eléctrico recibe anualmente para mantener un statu-quo caro y contaminante sin que suponga un beneficio adicional para los ciudadanos y las empresas. De hecho, más bien supone un perjuicio creciente para las islas, ya que si cada euro dedicado a sobrecostes se destinara a invertir en energías renovables, se generarían 1,8 euros de actividad económica y cada empleo nuevo creado supondría 1,9 empleos adicionales, tal como señalan los estudios más recientes como el de la ONS para el caso británico en la misma situación por ser una isla.
La Comisión no entra a juzgar cómo se calcula esta subvención ni tampoco su idoneidad en los tiempos actuales, pero sí establece que la ayuda se debe conceder bajo unas determinadas condiciones para continuar percibiendo la compensación por sobrecostes: por un lado, la necesidad de introducir competencia junto con una des-carbonización de la generación y, por otro lado, establece una ‘fecha de caducidad’ del modelo en Baleares para 2025 (por la entrada en funcionamiento de la segunda interconexión por cable entre Mallorca y la Península) y en Canarias, Ceuta y Melilla para 2029.
Por ello, es pertinente reseñar que no estamos ante una ‘bendición’ del modelo ni nada que se le parezca por parte de las autoridades comunitarias. Sólo zanja la cuestión de que no es una ayuda ilegal de Estado. El problema sigue siendo el modelo energético controlado en un 90% por Unelco-Endesa, el cual se sigue comportando como un mecanismo extractor de rentas al mantener un parque de generación prácticamente amortizado y basado en combustibles fósiles cuyos sobrecostes no paran de aumentar.
En definitiva, el ‘coste de oportunidad’ de seguir manteniendo el sistema actual se hace cada año más insostenible, lo cual obliga a los reguladores y autoridades a tomar medidas urgentes para desmantelar de forma ordenada un sistema poco transparente y difícil de auditar tal como reconoció la antigua CNE en 2012 y volvió a insistir la CNMC en 2018. En Energía, 9 años no es nada, con lo que es necesario trabajar con rapidez (más aún si cabe en el caso de Baleares sólo 4 años) si no queremos que apagones como el de Tenerife en agosto del año pasado sean la norma por no haber hecho en su debido momento el deber de des-carbonizar y modernizar el parque de generación canario.
Óscar Bermejo y Javier Santacruz. Asociación para la Transición Energética
