España puede estar ante la segunda gran burbuja renovable, pero a esta vez no es en la generación directamente sino en las peticiones de conexión a la red. Cualquiera de los subproductos del sistema eléctrico nacional se ha convertido en un producto financiero susceptible de ser negociado en mercados secundarios que se crean al calor de los estímulos públicos. En esta ocasión, el principal motor es la política energética del Gobierno y, más concretamente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a la Comisión Europea, el cual establece un proceso de descarbonización de la economía y su sustitución por renovables de forma urgente y más exigente que los objetivos planteados por Bruselas.
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