En la entrada anterior, empezamos a desgranar nuestro criterio acerca del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado a consulta por el Ministerio para la Transición Ecológica. En esta segunda entrada, continuamos con los comentarios al Plan, incidiendo en las cuestiones relativas al modelo económico.
Las últimas estimaciones apuntan a una sociedad digital intensiva en energía y con una reconfiguración notable de la distribución geográfica de la demanda de energía. Según los últimos datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el consumo energético se incrementará en un 25% hasta 2040, lo cual requerirá un incremento exponencial de las inversiones a razón de 2 billones de dólares cada año. Esto no podrá salir de otro lugar que del progreso de familias y empresas, incluso aunque se movilicen fondos por parte del sector público. Con lo cual un documento como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) debe partir de este escenario probable para evitar una falta futura de recursos. Dicho de otra forma, no es aceptable asumir una tesis de “estancamiento secular” como la que plantean algunos grupos de opinión. Esta revolución energética tendrá que ser sostenible económicamente y si no, simplemente no podrá hacerse.
Respetar el principio de neutralidad tecnológica
Por tanto, sabiendo que se necesita más crecimiento económico y no menos, es como mejor se puede construir una estrategia energética autofinanciada a lo largo del tiempo que redunde en un mayor progreso social. Dicha estrategia debe contar con todos los actores económicos potenciando la investigación y no privilegiando unas posiciones sobre otras, (es decir), respetando el principio de neutralidad tecnológica. Tal como está planteado este texto sometido a consulta, la Asociación considera que no se está respetando. Si bien es incontestable la necesidad de más energía renovable (la IEA estima un 40% de mix de generación basado en renovables para 2040), es discutible excluir categóricamente otras fuentes de energía que puedan ser eficientes y limpias y otras que incluso teniendo emisiones de gases contaminantes las han reducido de forma sustancial gracias al progreso tecnológico.
El PNIEC es mucho más ambicioso que el Marco de Energía y Clima de la Unión Europea a 2030 en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en la penetración de energías renovables y en la eficiencia energética de España en 2030. Concretamente, la reducción de emisiones de CO2 en 2030 en un 20% respecto de 1990 implica reducir en 37 puntos porcentuales el nivel actual de emisiones de GEI en España. Por su parte, los objetivos propuestos de energías renovables (42%) y de eficiencia energética (32,5% pudiendo alcanzar un 39,6%) también superan a los objetivos comunitarios (del 32% y del 32,5%, respectivamente) acordados recientemente en el citado Marco de Energía y Clima de la UE a 2030. Este nivel de ambición implicaría, de prosperar, un sobreesfuerzo para España en comparación con los demás Estados miembros de la UE para el cumplimiento de los objetivos comunitarios, dañando potencialmente e irremediablemente la competitividad de la economía española.
Revolución energética: una postura realista y prudente
Desde la óptica ciudadana, tomar partido desde el primer momento discriminando a unas fuentes de energía frente a otras nos puede llevar a volver a cometer errores del pasado. No sería razonable que España tome partido por energías poco maduras y en pleno proceso de transformación tecnológica que le lleve otra vez a pagar otra curva de aprendizaje, esta vez en el segmento de des-carbonización y reconversión del mix de generación eléctrica como ocurrió con el desarrollo de las energías renovables, el cual acabó con un agujero en el sistema eléctrico nacional de más de 30.000 millones de euros que ha sido financiado por los consumidores de energía.
En plena “curva de aprendizaje” es tentativo sobre-invertir y pensar que en lo que se está invirtiendo va a ser lo mejor, cuando pocos años después es posible que aparezca en el mercado una tecnología que nada tiene que ver, que es más eficiente y que además es económicamente más rentable. Es lo que lleva sucediendo desde hace décadas en las comunicaciones y el desarrollo de internet, al igual que en otros sectores. No es socialmente aceptable que un Gobierno destine inversiones a proyectos con un elevado riesgo de obsolescencia en un plazo corto de tiempo.
Preseleccionar unas energías frente a otras o incluso obligando a planes precipitados de cierre de actuales centrales que juegan un papel relevante de control de los precios de consumidores y empresas, es un riesgo que España no debería correr. Por ello, creemos que es adecuado adoptar una postura realista y prudente, creando un marco regulatorio estable y predecible que permita que las diferentes tecnologías se desarrollen y, a partir de ahí, ir realizando la transición hacia un menor volumen de emisiones y mayor cuidado del medioambiente, siendo catalizadores de una mayor actividad económica.
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