El martes 17 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción instando al Gobierno en funciones a declarar el estado de Emergencia Climática en España. La moción fue impulsada por Juan López de Uralde, diputado por el Grupo Confederal Unidas Podemos, con el objetivo de dotar al Gobierno de un marco de actuación para comprometer todas las futuras políticas de mitigación y adaptación ante la crisis climática y ecológica.
En su intervención, el diputado de Podemos hizo recopilación de las principales evidencias científicas de las alteraciones climáticas tanto en el mundo como en España, pidiendo apoyo y unidad a los demás grupos parlamentarios, que, a excepción de Vox, apoyaron la moción.
Los pronunciamientos del resto de fuerzas políticas fueron en línea con la necesidad de actuar en esta materia, si bien hay algunas diferencias de criterio que deben ser destacadas. En particular, Francisco Javier Hervías Chirosa, del Grupo Ciudadanos, propuso hacer hincapié en promover la inversión en I+D+i en nuevas tecnologías que contribuyan a la descarbonización de todos los sectores de la economía española susceptibles de emitir gases de efecto invernadero. También señaló la necesidad de incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima la dimensión de la adaptación del cambio climático, con medidas específicas para limitar los daños causados.
Por su parte, Helena Caballero Gutiérrez del Grupo Socialista, propuso instar al Gobierno a comprometerse a activar, con la máxima urgencia, políticas transversales en todas las acciones de Gobierno, para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
Finalmente Ignacio Gil Lázaro, del Grupo VOX, argumentó la decisión de su grupo de no apoyar la moción, por ser puramente declarativa y no proponer medidas concretas para preservar las condiciones ambientales del planeta y por hacer uso de terminología en su opinión «propia de ciertos lobbies globalistas».
De esta manera, el Congreso de los Diputados hace entrega al próximo Gobierno de un mandato claro, aunque no unánime, bajo el cual, como sugerió la diputada Valentina Martínez Ferro, del Grupo Popular, todos los partidos deberán debatir y consensuar medidas prioritarias para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, después del decreto de disolución de las Cortes, esta declaración al igual que el resto de iniciativas parlamentarias, decaen y tendrá que ser un nuevo Congreso el que retome este asunto o tome un rumbo diferente.
¿Es realmente urgente una declaración de emergencia climática?
Precisamente éste es el punto esencial: ¿es realmente urgente una declaración de emergencia climática? Los últimos datos sugieren que nos movamos con prudencia, ya que ni España ni siquiera Europa son los mayores causantes del cambio climático y aunque se tomaran todas las medidas posibles, su impacto sería escasamente relevante. Europa es responsable de apenas el 12% del total de emisiones, mientras que China emite el 28,6% de todos los gases contaminantes y Estados Unidos el 14,75%, tal como recoge la Agencia Internacional de la Energía.
Estas cifras, desde luego, no excusan a Europa de no tomar medidas. Sin embargo, ayudan a poner perspectiva y racionalidad en las medidas a tomar, ya que Europa es una pequeña proporción frente al conjunto del mundo. Es más, el reparto del volumen de emisiones debe ser el acicate para conseguir un acuerdo de verdad a nivel global para la reducción de emisiones, por encima de consensos estériles y predicciones catastrofistas que llevan extendiéndose por el mundo desde hace casi dos décadas.
Además, como nos advierte el columnista australiano de izquierdas y ex activista Jeff Sparrow, las declaraciones de emergencias por parte de gobiernos siempre han venido acompañadas de recortes a las libertades y de la expansión del poder estatal, todo eso a expensas de la democracia. En un entorno con tanta exposición mediática, no podemos permitirnos que esta importante cuestión se convierta en una subasta puramente declarativa de quién es más ecológico, y que arrastre el debate político al nivel de las posiciones más extremistas.
Es el momento, por tanto, de llamar a la racionalidad y tomar las medidas justas y oportunas sin sobreexponer a un país con una elevada dependencia energética como España. Estas medidas, tendrán que ser diseñadas necesariamente con una visión transversal y multidisciplinar en cuanto a los ámbitos afectados (industria, empleo, competencia, economía, consumo…) y con la participación en el debate de los múltiples actores involucrados: empresas, comunidad científica, activismo ambiental y sociedad civil.
