Alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, como pretende la Unión Europea, es un reto de enorme complejidad tanto para el sector público como para el privado. Las empresas europeas deben recibir apoyo en ese camino, y con toda la transparencia y claridad posible.
El importe de las ayudas concedidas en el ámbito de la energía y el medio ambiente ha aumentado en los últimos años, a menudo en forma de reducciones o exenciones fiscales, y como consecuencia, al menos en parte, de una mayor ambición climática de las instituciones. Son cantidades muy significativas: en 2018, las ayudas públicas para la transición energética alcanzaron, en el conjunto de la UE, los 66.500 millones de euros, el 55% del total de ayudas públicas concedidas en ese año.
Esas ayudas son necesarias no solo para que Europa responda al reto climático, cada vez más urgente. También es una cuestión de competitividad empresarial. La UE se ha puesto el listón alto, y es bueno que así sea. Pero sus empresas compiten con las de otros territorios en los que contaminar sale mucho más barato, en todos los sentidos. Las exenciones existentes en los impuestos ambientales, la fiscalidad de la energía y la financiación del apoyo a las renovables son importantes para que las empresas europeas, especialmente las de gran consumo, sigan siendo competitivas frente a sus principales competidores mundiales.
Pero ya se sabe que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Dentro y fuera del mercado comunitario, es básico que esas ayudas públicas no distorsionen la competencia efectiva entre las empresas, imprescindible para la eficiencia de los mercados y también para alcanzar resultados en lo que respecta a la sostenibilidad y el medio ambiente. Las subvenciones deben subsanar las deficiencias del mercado en la lucha por un medio ambiente sostenible –es decir, cuando se remunera suficientemente al inversor por unas inversiones buenas para todos-, pero no desequilibrar el terreno de juego.
Al mismo tiempo, es necesario corregir las contradicciones, redundancias y conflictos de interés en las ayudas públicas existentes, sobre todo cuando éstas van dirigidas a sectores y actividades fuertemente contaminantes. En las últimas décadas, los presupuestos de la Unión Europea y de sus Estados Miembros han tenido importantes partidas de gasto destinadas a compensar costes de sectores como la minería, la industria pesada, la agricultura intensiva o el transporte, entre otros. Estas ayudas se han canalizado tanto a través de gasto directo como de beneficios fiscales, siendo uno de los casos más importantes el gasóleo bonificado y el tratamiento fiscal del gasóleo, el cual se consume en España cuatro veces más que la gasolina.
Más allá de las cantidades millonarias que la UE gasta anualmente en minería o industria pesada altamente contaminante, el otro ejemplo en volumen es la financiación pública de los sobrecostes de generación en los territorios ultraperiféricos de la UE, un marco legal que, en el caso de España, atañe a las Islas Canarias y Baleares y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Es necesario lograr la convergencia entre los costes de la producción de energía en los territorios ultraperiféricos con los mercados continentales y, por consiguiente, la desaparición progresiva de las ayudas estatales a las empresas que producen energía en esos territorios con costes adicionales. Para lograrlo, se necesita de un mayor desarrollo de la energía renovable para reducir los costes de producción, aprovechando sus propios recursos naturales en lugar de importar grandes cantidades de combustibles fósiles y otros insumos energéticos contaminantes.
Y no es solo una cuestión de financiación, sino también de servicio público. Como ya hemos insistido varias veces en este blog, el peculiar statu quo energético de los territorios no peninsulares, con un semimonopolio de Unelco-Endesa, no funciona, como pusieron de manifiesto los graves apagones sufridos por la isla de Tenerife en 2019 y 2020.
Las ayudas, subvenciones, exenciones fiscales… son positivas y necesarias, pero jamás deben distorsionar la competencia. En ocasiones, desde un diseño bienintencionado e incluso justo, acaban siendo utilizadas torticeramente y poco a poco se van consolidando situaciones injustas. Es entonces cuando es necesaria valentía para distinguir la ayuda del abuso. En ese punto está el modelo energético de las islas en España.