El miércoles 23 de junio se debatió en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley sobre el desmantelamiento ordenado de las centrales térmicas canarias, la cual se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios de la Cámara. En dicha PNL, se insta al Gobierno canario que a la mayor brevedad posible presente a la Cámara Legislativa y a toda la sociedad canaria un calendario de desmantelamiento progresivo y ordenado del parque de generación térmica.
En el actual escenario de emergencia climática en que se encuentra Canarias, es un objetivo prioritario la disminución drástica hasta su desaparición del consumo de combustibles fósiles que se lleva a cabo en las nueve centrales de Endesa-Enel en Canarias. Dos de las centrales, Granadilla de Abona y San Bartolomé de Tirajana, se encuentran entre las 20 más contaminantes de todo el Estado español. Y otras dos, Las Salinas en Fuerteventura y Jinámar en Gran Canaria se encuentran dentro o cerca de núcleos urbanos, con lo que eso significa para la salud de los vecinos.
Lógicamente este desmantelamiento debe acompasarse al ritmo de la penetración de las renovables para evitar ceros energéticos, pero el espíritu de esta PNL es que este proceso de desmantelamiento se lleve a cabo lo antes posible sin concesiones a los planes financieros de Endesa, la compañía eléctrica titular de esas instalaciones, de capital público italiano. En este sentido, queda como un compromiso ético de las generaciones actuales el cierre de estas centrales lo antes posible, especialmente con el horizonte de 2029 en mente.
El desbloqueo del modelo energético para multiplicar la generación limpia y verde pasa por establecer un plan de desmantelamiento ordenado de las centrales térmicas, asegurando el suministro energético tanto con otras fuentes ya existentes como con las nuevas que se irán poniendo en marcha en los próximos años. En los últimos años, las dos grandes centrales térmicas de las Islas (Granadilla y Tirajana) apenas han reducido sus emisiones de gases contaminantes, agravando la situación de emergencia climática.
Es necesario redirigir la actual financiación que cubre los sobrecostes de generación fósil hacia las inversiones necesarias en energía, almacenamiento y gestión de la demanda, de manera que en 2029 se consiga un nuevo sistema energético descarbonizado, competitivo y abierto a la innovación. Es especialmente preocupante la situación de Lanzarote y Fuerteventura, donde las emisiones se mantienen estables desde 2011, no se ha producido ninguna reducción significativa en la última década. En el resto de las islas, los grupos más pequeños han reducido emisiones.
