La Asociación para la Transición Energética, en cumplimiento de su misión fundacional de contribuir al debate sobre el mejor modelo energético para nuestro país, considera necesario realizar en este momento una declaración de intenciones y una carta de propuestas para la reconversión energética en las ciudades.
Las ciudades son el núcleo esencial de actuación territorial para la consecución de un proceso de transición ordenado, justo y eficiente. Es donde se consume más de la mitad de la energía global (64%) y donde se genera el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Conforme la geografía urbana se extiende, el riesgo de un mayor desequilibrio medioambiental aumenta, con lo cual es preciso concretar actuaciones para conseguir los objetivos climáticos establecidos en las sucesivas Cumbres internacionales, incorporados gradualmente a las políticas de los diferentes países y organismos supranacionales como es el caso de la Unión Europea.
Varios son los puntos de actuación para reducir la huella de carbono y, al mismo tiempo, ser eficiente con el resto de recursos, especialmente reduciendo la huella de agua. El primero es, sin duda, el transporte y la movilidad. Informes como las “Perspectivas de Tecnología y Energía” de la Agencia Internacional de la Energía subrayan hasta qué punto una actuación temprana de estímulo de la movilidad eléctrica, bicicleta y transporte público podría ahorrar hasta 21 billones de dólares en 2050, además de reducir drásticamente las emisiones de CO2. En este mismo sentido, la Unión Europea ha trabajado para aumentar el uso de energías renovables hasta el 10% del consumo energético del sector del transporte para este año 2020, objetivo que está próximo a cumplirse, no sin todavía importantes lagunas a cubrir.
Una movilidad sostenible pasa por su electrificación, lo cual conlleva reforzar la red de distribución de energía eléctrica, la instalación de infraestructura de recarga para los vehículos que en su mayoría serían compartidos y el establecimiento de “nodos logísticos” para agilizar y hacer más eficiente la red de transporte de mercancías y la llegada de productos al pequeño y mediano comercio y también a las viviendas particulares.
En segundo lugar, se sitúa la generación de energía renovable dentro de las propias ciudades. En este sentido, una descentralización de la generación tejiéndose una red de pequeños núcleos de generación tanto para autoconsumo como para generación distribuida, es un objetivo a alcanzar. Para ello, es necesario garantizar la seguridad jurídica, información transparente y rica para poder tomar decisiones, siendo imprescindible el cálculo de retornos económicos, ahorro energético y costes de instalación y mantenimiento. Este movimiento basado en el poder del “data energético” es clave para el desarrollo de infraestructuras y redes inteligentes (“smart grid”) capaces de coordinar al instante las señales de oferta y demanda.
En tercer lugar, es clave fomentar una reconversión energética de las viviendas pero de una manera sensata y buscando sinergias con el consumo de otras materias primas básicas: reciclaje y reutilización de residuos, eficiencia en el consumo de agua, entre otros. Este proceso debe hacerse acorde a las mejores prácticas científicamente testadas poniendo en marcha tecnologías avanzadas que ya hoy generan importantes ahorros energéticos como es el caso de la bomba de calor.
En cuarto lugar, en materia de políticas públicas, la llamada “Agenda Urbana” (inaugurada en el Pacto de Ámsterdam en 2016) merecerá tal nombre si se basa en un plan de transformación descentralizado, bottom-up, realista, económicamente viable y socialmente aceptable de las ciudades. Entornos en los que se combine una mirada eficiente de la movilidad, donde la tecnología sea la variable clave sin que haya previamente una discriminación entre técnicas o tecnologías, ya que no se puede cometer la inmensa arrogancia de seleccionar ex ante algo que no se sabe si a futuro funcionará o si antes vendrá otra tecnología que dejará obsoletas a las anteriores. El “determinismo tecnológico” nunca ha generado resultados socialmente positivos.
Por ejemplo, uno de los aspectos donde debería concentrarse la “Agenda Urbana” es predicar con el ejemplo en las instalaciones y bienes pertenecientes a las Administraciones Públicas. En este sentido, planes de eficiencia energética y reducción del consumo en los edificios públicos o las restricciones al uso masivo de vehículos oficiales contaminantes, son elementos importantes para generar “autoridad moral” con la cual poder pedir mayores esfuerzos al sector privado.
Por último, es necesario potenciar la coordinación y colaboración entre diferentes niveles administrativos y entre ciudades de todo el planeta para una consecución más eficiente de los objetivos. Especialmente, foros como el C40 son más necesarios aún en la época actual para seguir ejemplos de ciudades que se han anticipado como Aspen, Burlington, Copenhague, San Diego o Vancouver.
Para nuestra asociación, todos estos cambios deben ser llevados a cabo con un extremado nivel de consulta y participación de la sociedad civil, dejando al margen cualquier apriorismo tecnológico, y situando al consumidor y ciudadano en el centro de cualquier proceso de decisión.
Se trata de un proceso que no solamente se sitúa en el epicentro de la discusión pública como consecuencia de las evidencias de calentamiento global, sino que también tiene un enorme potencial disruptivo en temas clave de la cotidianeidad, como el transporte, la climatización de los hogares, la capacidad de moverse con libertad, la forma en que se organiza la vida en los entornos urbanos, etc., y por ello nada se puede ni se debe hacer de espaldas al ciudadano.
